El 4 de febrero pasado, ordenadas por el Juzgado Instructor, se practicaron diferentes diligencias en las provincias de Madrid, Zaragoza, Guadalajara, Barcelona, Castellón, Alicante y Ciudad Real
Hace varios meses, saltó la noticia de la «mafia del diésel» y el entramado de operadoras «pirata» que, según algunos cálculos, podrían haber estafado 1.900 millones de euros. En aquel momento, NEWTON energies ya advertían sobre la importancia de comprar a distribuidores oficiales y certificados, con solvencia y garantías contrastadas.
Ahora llega una nueva noticia relacionada con el sector, donde la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, con el apoyo de Europol, han desarticulado una organización criminal dedicada a realizar operativas de fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos y al blanqueo de capitales, todo ello en el marco de la que se ha denominado operación ‘Quíone’.
Tal y como explican los gerentes de NEWTON energies, esta es una buena noticia para los distribuidores de carburantes que cumplen con todas las normativas y estándares de calidad, «Es importante que los consumidores sepan que estas organizaciones criminales al final perjudican a los proveedores, estaciones de servicio, pero también a los consumidores finales«.
La operación, iniciada por la Agencia Tributaria y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se centró en la posible instrumentalización de una de las sociedades investigadas dedicada a acumular cuotas defraudadas de IVA. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, la cual abrió las oportunas diligencias de investigación. Durante la operación se han realizado 19 entradas y registros y un requerimiento judicial de información. Además, se ha detenido a 11 personas y otras ocho han sido investigadas.
En las entradas y registros se intervino un gran volumen de documentación, numerosos dispositivos informáticos, con un valor en el entorno de los 150.000 euros en efectivo, y cuatro vehículos a motor. Por otro lado, en cuanto a criptoactivos, se han incautado siete millones de euros y se ha solicitado el bloqueo de 19 millones de euros más. También se han bloqueado una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles y de cuentas bancarias vinculadas a las personas físicas y jurídicas investigadas. Fraude de 184 millones en los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023 A estas primeras indagaciones, se sumó el informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) por el que se cuantifica el fraude perpetrado por esta organización criminal a 184 millones de euros, el cual se habría cometido en los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023. Estructura y funcionamiento de la organización criminal La organización criminal utilizaba un amplio conglomerado empresarial que habría funcionado de manera coordinada y orquestada con la finalidad de perfeccionar el fraude. Para ello, usaban empresas meramente instrumentales con las que, además de procurarse el éxito de la operativa delictiva, dificultaban su detección. Estas empresas trasladaban facturación y combustible adquirido, simulando tener una actividad legal. Por otro lado, y dentro de la misma arquitectura empresarial, se encontraban las sociedades destinadas a acumular cuotas de fraude, es decir, cuya finalidad era no abonar las cuotas de IVA al Erario, eludiendo así el pago de este impuesto. Todas las empresas utilizadas funcionaban de manera coordinada por parte de los dirigentes de la organización criminal, con una clara unidad de acción. Además, al frente de las sociedades figuraban, formalmente, personas que estaban supeditadas a las órdenes de los verdaderos dirigentes y beneficiarios últimos de esta conducta delictiva.
Actuaciones y resultados El 4 de febrero pasado, ordenadas por el Juzgado Instructor, se practicaron diferentes diligencias en las provincias de Madrid, Guadalajara, Barcelona, Zaragoza, Castellón, Alicante y Ciudad Real, desarrolladas por miembros de la ONIF, las dependencias de Inspección de Madrid y Zaragoza y las unidades de auditoría informática, todas de la Agencia Tributaria. Asimismo, han participado por parte de la Guardia Civil miembros de la UCO, apoyados por otras Unidades (Agrupación de Reserva y Seguridad, Unidad Técnica de Policía Judicial, Servicio Cinológico, así como Unidades de las Comandancias de la Guardia Civil territorialmente afectadas), además de contar la operación con Europol, que desplazó a España una oficina móvil con un experto nacional y medios técnicos para el apoyo en el clonado de dispositivos informáticos. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
