Marcos I. P. y Raúl F. D., empresarios de las sociedades Ecovert (Ecología y Vertidos Bajo Cinca, S.L.) de Fraga y Waste Prevention de Tarrasa (Barcelona), respectivamente, fueron ingresados en la prisión de Zuera el pasado jueves como presuntos autores de un delito medioambiental relacionado con el transporte ilegal de residuos desde varias empresas en Francia hasta Zaragoza.
El arresto se llevó a cabo en sendas empresas de Fraga y Barcelona como resultado de una amplia operación de la Guardia Civil. Cerca de 70 efectivos, incluyendo miembros de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) del Seprona, Grupos Rurales de Seguridad (GRS) y la Unidad de Seguridad Ciudadana (Useci) de Huesca, Lérida y Barcelona, participaron en la intervención.
La investigación, iniciada en marzo por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y posteriormente trasladada a la Guardia Civil, se mantuvo en secreto hasta ahora. Durante nueve meses, se llevaron a cabo escuchas, seguimientos a sospechosos y a los vehículos de transporte, incluso utilizando drones en algunas ocasiones. El sumario alcanza aproximadamente los 2,000 folios.
Los empresarios enfrentan acusaciones de falsificación, organización criminal y delito contra el medio ambiente. Se les imputa el fraude en el tratamiento de reciclaje o residuos provenientes de Francia, los cuales eran destruidos en España. La vigilancia se centró en seguir el rastro de camiones españoles que viajaban al sur de Francia y retornaban cargados a España con residuos, cuya documentación era falsificada para ocultar su origen.
La destrucción de los residuos se realizaba a través de la sociedad Residuos Industriales de Zaragoza (Rinza). Se estima que este transporte ilegal se lleva realizando desde al menos 2020, y aproximadamente el 80% de los residuos vertidos en Zaragoza procedían del sur de Francia, según las investigaciones de la Guardia Civil.
Se estima que el ahorro para las empresas francesas al trasladar los residuos a España, en lugar de destruirlos en su país, ascendería a 3 millones de euros, mientras que en España el costo se reduciría a 700,000 euros. Los beneficios obtenidos se distribuirían entre los dos empresarios de Fraga y Barcelona.
Los detenidos, tras prestar declaración el miércoles en el Juzgado de Fraga, fueron enviados a prisión provisional sin fianza por decisión de la jueza instructora Paula Goberna.
