El pleno de la Diputación Provincial de Huesca celebrado el 10 de mayo, aprobó el Plan de Vivienda 2024 con 8 millones de euros, para ayudar a los ayuntamientos a comprar suelo y a rehabilitar, adquirir o construir viviendas
El nuevo Plan de Vivienda de la DPH, tal vez sea el más ambicioso de la historia de esta institución, pretende ayudar a los municipios a solventar problemas como la falta de vivienda para familias, empleados del sector turístico o temporeros agrícolas.
La Comarca del Bajo/Baix Cinca, lleva décadas con el problema de falta de vivienda suficiente para acoger a todos los trabajadores estacionales que llegan para la recolección de fruta en verano. Se calcula que este territorio puede llegar a recibir más de 8.000 trabajadores temporeros anualmente. Este aumento de población durante los meses de verano, provoca situaciones de infravivienda y desamparo social en múltiples ocasiones, un problema que las entidades sociales como Cáritas o Cruz Blanca, llevan años intentando mejorar, de la mano de las administraciones locales. Algunos municipios como Fraga, ya han puesto en marcha medidas para mejorar la situación de estas personas, ofreciendo un asesoramiento y alojamiento transitorio a la llegada de estos trabajadores estacionales.
El nuevo plan de la Diputación, puede servir para que los municipios agrícolas, que llevan años sufriendo la falta de viviendas y aumento poblacional en los meses de verano, puedan destinar los recursos aportados desde la administración provincial para viviendas destinadas a este colectivo.
En la presentación, alcaldes como Francisco Javier Carrasquer (Belver de Cinca) ya indicaron su intención de utilizar estos fondos para vivienda destinada a temporeros, “en este momento del año, con la recogida de la fruta, el pueblo aumenta un 20 por ciento su población y es necesario tener vivienda preparada para los temporeros. Algo que vamos a acometer con este plan”.
El plan prevé invertir ocho millones de euros esta legislatura a razón de dos millones de euros por año. Con ese dinero los ayuntamientos podrán invertir hasta 50.000 euros por vivienda, bien sea para la compra de suelo, de casas o para su construcción o rehabilitación.
